Una nueva alerta sanitaria se encendió en la provincia, esta vez en el norte de la capital, donde las autoridades investigan el misterioso faltante de 68 ampollas de fentanilo. El robo se confirmó en un sector restringido del Hospital Iturraspe, un hecho que genera preocupación no solo en el ámbito de la salud, sino también en la seguridad pública. A pesar de la gravedad del suceso, las autoridades sanitarias se apresuraron a aclarar que las dosis sustraídas no corresponden a los lotes contaminados que recientemente generaron un escándalo a nivel nacional.
La denuncia oficial ya fue elevada al Ministerio Público de la Acusación. La desaparición del potente opioide, que estaba almacenado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sugiere una operación interna o de alguien con acceso privilegiado a una de las zonas más seguras del nosocomio.
Un golpe a un sector de máxima seguridad
El fentanilo es un medicamento extremadamente potente, cuyo uso está estrictamente regulado y limitado a entornos hospitalarios. Es 100 veces más potente que la morfina y, por su alto poder adictivo y su peligrosidad, solo se almacena en áreas de acceso restringido, controladas por un protocolo riguroso. La sustracción de 68 ampollas desde una zona tan sensible genera un interrogante clave: ¿quién tuvo acceso a ellas y con qué propósito?
El director del Hospital Iturraspe, Francisco Sánchez Guerra, no tardó en calificar la situación como “muy grave” y solicitó una investigación administrativa interna para deslindar responsabilidades. El funcionario insistió en la necesidad de que la Justicia “tome cartas en el asunto” de forma inmediata para lograr la recuperación de las ampollas antes de que puedan llegar a manos de la delincuencia, con consecuencias imprevisibles para la salud de la población. La preocupación no solo se centra en el valor del narcótico, sino en el enorme riesgo que su uso no médico representa para cualquier persona que lo consuma.
El fantasma de un pasado reciente
La noticia de este robo cobra especial relevancia y dispara la alarma social debido al reciente escándalo que involucró a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., cuyos lotes de fentanilo contaminado fueron vinculados a trágicos casos de intoxicación y muerte. Aunque las autoridades del Ministerio de Salud provincial se encargaron de asegurar que las ampollas robadas no pertenecen a esas partidas y que ya fueron retiradas de circulación a principios de mayo, el fantasma del fentanilo adulterado sigue presente en la memoria colectiva, lo que aumenta el pánico ante la posibilidad de que dosis hospitalarias lleguen a la calle.
La principal hipótesis de la investigación, a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, apunta a que el robo no se trató de un hecho aislado, sino de una operación planificada. Las autoridades están revisando los protocolos de seguridad del hospital, analizando las cámaras de vigilancia y tomando testimonio al personal de la UTI para identificar a los responsables. La prioridad absoluta es hallar las ampollas, cuyo valor en el mercado ilegal es incalculable y que podrían ser adulteradas o mezcladas con otras sustancias para su venta, poniendo en riesgo la vida de cualquiera que las consuma.
Un problema que excede las paredes del hospital
Este suceso no es solo un robo de medicamentos, sino un indicador de que el fentanilo se ha convertido en una sustancia de interés para redes criminales, incluso sin estar contaminada. La facilidad con la que este opioide puede causar una sobredosis letal lo convierte en una herramienta peligrosa en el mercado ilegal. La investigación judicial ahora deberá determinar si el robo fue obra de delincuentes comunes que vieron una oportunidad de negocio, o si está vinculado a estructuras criminales más grandes que buscan introducir esta potente droga en el mercado ilegal del país. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia en el resto de los centros de salud para evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.
El caso del Hospital Iturraspe es un llamado de atención urgente sobre la necesidad de extremar la seguridad en el control de este tipo de estupefacientes en todos los centros de salud del país. La comunidad espera que la justicia actúe con celeridad para evitar una tragedia.
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