El Concejo Deliberante de Córdoba aprueba la regulación de apps de transporte, pero la decisión de dejar el cupo de licencias en manos del Ejecutivo abre la puerta a un futuro incierto y a una posible subida de precios para miles de usuarios.
Un giro inesperado en la regulación de las apps de transporte en Córdoba
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó, con un contundente apoyo de 28 votos a favor, la ordenanza que busca regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. La sesión del pasado jueves no fue una más, ya que se vivió una jornada de alta tensión política y en la calle, con un desenlace que dejó conforme a las plataformas pero que mantiene en vilo al sector del taxi y a los propios usuarios.
El corazón de la polémica giraba en torno al cupo de licencias. El proyecto original, impulsado por el oficialismo, proponía un tope fijo de 3.998 permisos, una cifra que generó un fuerte rechazo. La principal crítica provenía de Uber, que alertaba que ese límite dejaría sin trabajo a más del 75% de sus conductores, afectaría el servicio y, como consecuencia, aumentaría los precios para los 400.000 usuarios que utilizan la app en la ciudad. La empresa argumentó que sus 20.000 conductores activos mensuales en el primer trimestre de 2025, en su mayoría, utilizan la plataforma como un complemento de ingresos, trabajando menos de 20 horas semanales.
La jugada política que destrabó el conflicto
Ante el riesgo de que el proyecto no obtuviera la mayoría necesaria, el oficialismo tomó una decisión estratégica: eliminó del texto el número explícito de licencias y delegó la facultad de definir ese cupo al Poder Ejecutivo Municipal. Esta jugada fue clave para desactivar el conflicto. Con esta modificación, consiguieron el apoyo de varios bloques opositores, entre ellos el radicalismo, que había advertido sobre la posible inconstitucionalidad de un cupo fijo.
La aprobación de la ordenanza establece ahora las reglas de juego para las empresas, conductores y vehículos, pero el número de licencias, la variable más sensible del debate, queda en manos del intendente y su equipo, que lo definirán mediante una reglamentación. Este punto, aunque sirvió para destrabar el proceso legislativo, deja una gran incertidumbre sobre el futuro.
Mientras tanto, en las afueras del Concejo, la tensión era máxima. Un grupo de taxistas, enterados de que se trataría el proyecto, se movilizó y protagonizó enfrentamientos con la Policía. Los incidentes reflejan el profundo malestar de un sector que teme por la desregulación del mercado y la consecuente pérdida de rentabilidad.
En definitiva, Córdoba tiene ahora una ley para las apps de transporte, pero la batalla por el número de conductores que podrán operar legalmente sigue abierta.