Un impresionante despliegue policial sacudió la tranquilidad de la provincia este martes, con la ejecución de más de 80 allanamientos simultáneos. La operación, llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones Criminales, culminó con la detención de diez personas que estarían vinculadas a una compleja red delictiva. Los criminales son sospechosos de orquestar una serie de estafas y robos de autos desde el interior de distintas unidades carcelarias.
Las acciones se concentraron en varios puntos de la capital cordobesa, así como en localidades del interior provincial. Este golpe coordinado representa un duro revés para una organización que se había profesionalizado en el uso de la tecnología y la extorsión para cometer delitos de alto impacto.
El modus operandi: la cárcel como centro de operaciones
La investigación que llevó a este megaoperativo se inició meses atrás, a partir de múltiples denuncias por estafas y robos de vehículos. Los detectives comenzaron a trazar un patrón en los crímenes, descubriendo un hilo conductor que los llevaba directamente a las cárceles. La banda, con una estructura jerárquica y una clara división de roles, utilizaba teléfonos móviles ingresados de forma ilegal a las prisiones para cometer sus ilícitos.
Según fuentes cercanas a la causa, el método era sofisticado. Los líderes, desde sus celdas, coordinaban las estafas telefónicas, como el popular “cuento del tío”, engañando a sus víctimas con falsas promesas o amenazas para obtener información bancaria o dinero en efectivo. Una vez conseguida la información, los eslabones de la banda que operaban en el exterior se encargaban de vaciar las cuentas o de realizar las transacciones fraudulentas. Al mismo tiempo, se sospecha que esta red también se dedicaba al robo de vehículos, los cuales eran luego adulterados y revendidos. La lógica era simple: los criminales encarcelados proveían la “materia prima” (la información y el dinero) y sus cómplices en la calle, el músculo para ejecutar los robos y las estafas más complejas.
Un despliegue sin precedentes y resultados contundentes
Desde las primeras horas de la mañana, un numeroso contingente de efectivos policiales, apoyados por agentes de la Policía de Salta, se distribuyó estratégicamente en más de ochenta domicilios. La magnitud de la operación requirió una planificación meticulosa para garantizar que todos los allanamientos se ejecutaran de forma simultánea, evitando así que los sospechosos tuvieran tiempo de alertarse mutuamente o de deshacerse de la evidencia.
El resultado de los operativos fue contundente: además de las diez detenciones, los agentes incautaron una gran cantidad de elementos que servirán como prueba en la causa. Entre ellos, se destacan numerosos teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos que se presume eran utilizados para cometer las estafas. También se encontraron documentos falsificados, tarjetas de crédito y débito a nombre de las víctimas, y una importante cantidad de dinero en efectivo. La policía también logró recuperar varios vehículos que habían sido robados y alterados para su reventa ilegal. Los detenidos, que incluyen tanto a quienes operaban desde las cárceles como a sus colaboradores en la calle, fueron puestos a disposición de la fiscalía.
La colaboración interprovincial, un factor clave
La participación de la Policía de Salta en el operativo no es un dato menor. La criminalidad organizada, especialmente la que opera desde el interior de los penales, no reconoce fronteras provinciales. La capacidad de las bandas para cometer crímenes en distintos puntos del país hace que la colaboración entre jurisdicciones sea fundamental. El apoyo de los efectivos de Salta fue crucial para la ejecución de allanamientos en el marco de la misma causa, demostrando que la coordinación entre fuerzas de seguridad es la única forma de hacer frente a estas estructuras delictivas transfronterizas.
Este operativo es un claro mensaje de las autoridades. No solo se está actuando sobre los delitos, sino que se está yendo a la raíz del problema, atacando la capacidad de las bandas para organizarse y operar desde el interior del sistema penitenciario. La desarticulación de esta red representa un avance significativo en la lucha contra un flagelo que afecta a miles de ciudadanos. La investigación continúa en manos de la Unidad Judicial correspondiente, que ahora deberá procesar todas las pruebas incautadas y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.